Una tormenta podría desatarse en el ámbito del fútbol colombiano debido a una investigación avanzada llevada a cabo por la supervisión de la industria y el comercio (sic). Esta entidad ha recomendado la imposición de sanciones tanto al Dimayor como a 17 gerentes por presuntas prácticas anti-competitivas que habrían restringido el Negociación libre de jugadores de fútbol. La situación ha generado gran preocupación entre los aficionados y los profesionales del deporte, dado que la transparencia y la justicia son elementos fundamentales en cualquier competición.
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El informe, que abarca más de 350 páginas, no solo involucra a figuras actuales, sino que también menciona a ex presidentes como Jorge Enrique Vélez y Fernando Jaramillo, así como a Carlos Mario Zuluaga, el actual presidente del Dimayor. A lo largo del documento, se revelan detalles inquietantes, en los cuales se alega que los involucrados habrían implementado Vetos y listas negras coordinadas con el fin de prevenir la movilidad de los jugadores entre diferentes clubes. Estas acciones perjudican no solo a los futbolistas, sino que también afectan la integridad de la liga y del deporte en su totalidad, creando un ambiente de desconfianza y falta de equidad.
Las quejas que motivaron esta investigación se remontan al año 2011, impulsadas por Acolfutpro. Como parte de las pruebas, se han presentado conversaciones del grupo «G-36», que Se unieron a 46 gerentes. Dentro de estas conversaciones, figuras como Ramiro Ruiz Londoño, quien preside el club Envigado, solicitan de manera explícita los fichajes de determinados jugadores que no han renovado contrato con sus respectivos clubes. Este tipo de comportamiento plantea serias dudas sobre la ética y la transparencia en la gestión del fútbol colombiano.
El sic ha considerado que Estos comportamientos protegieron el interés de los empleadores a expensas de las oportunidades laborales de los jugadores. Al limitar la competencia legal entre clubes que intentaban negociar de acuerdo a las normativas, los directivos han creado un sistema que perjudica a la totalidad de los futbolistas y que contradice los principios de libre competencia, fundamentales en cualquier sector económico.
Ahora, la responsabilidad recae sobre la superintendente Cielo Rusinque, quien deberá tomar decisiones sobre la posible imposición de sanciones a clubes como Tolima, Envigado, Una vez Caldas, Pasto y Unión Magdalena, entre otros. El papel del ex presidente José Augusto Cadena también está siendo evaluado, principalmente en lo que respecta a la emisión de circulares que incitan a tales prácticas desleales. La comunidad futbolística está a la expectativa de los resultados de esta investigación, que podría cambiar la dirección del fútbol en Colombia.
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