Las relaciones entre Colombia y Bolivia entraron en un período de tensión diplomática luego de que el gobierno boliviano expulsara a la embajadora de Colombia en La Paz, Elizabeth García Carrillo, tras acusar al presidente Gustavo Petro de inmiscuirse en los asuntos internos del país.
La Cancillería boliviana declaró a la diplomática «persona non grata», decisión que obliga a su salida inmediata del territorio boliviano. Según el gobierno del presidente Rodrigo Paz, las recientes declaraciones del mandatario colombiano sobre la situación política y las protestas en Bolivia son una injerencia que afecta la soberanía de la nación.
El conflicto se produjo luego de que Gustavo Petro hablara públicamente sobre la crisis social en Bolivia, expresara preocupación por las protestas y señalara la necesidad de un diálogo político. Además, sus comentarios sobre políticos bolivianos provocaron rechazo en La Paz, que consideró inapropiadas estas declaraciones.
En respuesta, el gobierno colombiano activó el principio de reciprocidad diplomática y ordenó la salida del fiscal boliviano en Bogotá, Ariel Percy Molina Pimentel, como medida correspondiente.
Pese a este intercambio de decisiones, ambos países han evitado romper por completo las relaciones diplomáticas. Las embajadas siguen funcionando, aunque en un ambiente de tensión y con comunicación limitada entre ambos gobiernos.
Expertos en relaciones internacionales advierten que este factor podría afectar la cooperación bilateral en temas clave como el comercio, la migración y la coordinación regional dentro de las instituciones sudamericanas. Sin embargo, también señalan que este tipo de crisis suele abrir un espacio de negociación que permite retomar las conversaciones.
Por ahora, tanto Bogotá como La Paz se mantienen firmes mientras la comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo del conflicto diplomático.
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